Aprueban diputados ley que permite el manejo e investigación con transgénicos en México; los legisladores pusieron un candado especial al maíz.
CIUDAD DE MÉXICO, México, dic. 14, 2004.- El Congreso Mexicano aprobó en lo general la Ley de Bioseguridad, que avala la creación, desarrollo y comercialización de productos transgénicos, aunque establece un régimen de protección especial para el maíz nacional.
Tras un intenso debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 319 votos a favor, 105 en contra y 17 abstenciones, el documento enviado por el Senado, que regula la producción de productos transgénicos, de acuerdo con el Protocolo de Cartagena, que entró en vigor para México el 11 de septiembre de 2003.
El Protocolo de Cartagena estableció medidas de bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), entre éstas la obligación de que en las importaciones o exportaciones de granos para la alimentación animal o humana se incluya una leyenda que advierta que pueden contener productos transgénicos.
Con la nueva ley, según el dictamen, se define y reglamenta el conocimiento y conservación de los recursos genéticos, su etiquetado, la responsabilidad por los daños que pueden ocasionar, así como sus aspectos comerciales.
También autoriza la importación de transgénicos destinados al consumo humano o al procesamiento de consumo humano, al igual que los empleados en la salud pública o la biorremediación (cuando hay plagas o contaminantes que ponen en peligro a especies animales, vegetales o acuícolas).
En el caso del maíz, en donde México es una de las naciones con mayor diversidad de especies, se estableció una limitación legal para evitar su degeneración, al igual que la de otros cultivos de origen mexicano, que fija "un régimen de protección especial", aunque no especifica cuál.
El dictamen también precisa la competencia de la Secretaría de Agricultura de México en la creación, desarrollo, importación y exportación de microorganismos modificados (hongos, bacterias, protozoarios, virus y viroides, entre otros), que tengan fines productivos agropecuarios, acuícolas y fitozoosanitarios.
En uno de artículos de la ley se establece la obligación de fortalecer la investigación en materia de bioseguridad, para obtener "conocimientos suficientes" que permitan evaluar los posibles riesgos de los OGM.
"El etiquetado de semillas o material vegetativo destinados a la siembra, cultivo y producción agrícola, quedará sujeto a las normas oficiales mexicanas y en él se especificará que se trata de OGM, las características de la combinación genética y sus implicaciones", cita el texto.
Durante la discusión del dictamen, miembros de la organización ecologista Greenpeace protestaron contra la aprobación de la ley de bioseguridad, por considerar que tendrá un impacto negativo en el medio ambiente y la salud, además de que causará una invasión de alimentos transgénicos en México.
"Esta ley asegura los intereses de una elite reducida en México y atenta contra miles de campesinos y sus cosechas, que son cultivos autóctonos -sin modificación genética-", dijo a EFE la portavoz de la organización en México, Cecilia Navarro.
Tras un intenso debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 319 votos a favor, 105 en contra y 17 abstenciones, el documento enviado por el Senado, que regula la producción de productos transgénicos, de acuerdo con el Protocolo de Cartagena, que entró en vigor para México el 11 de septiembre de 2003.
El Protocolo de Cartagena estableció medidas de bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), entre éstas la obligación de que en las importaciones o exportaciones de granos para la alimentación animal o humana se incluya una leyenda que advierta que pueden contener productos transgénicos.
Con la nueva ley, según el dictamen, se define y reglamenta el conocimiento y conservación de los recursos genéticos, su etiquetado, la responsabilidad por los daños que pueden ocasionar, así como sus aspectos comerciales.
También autoriza la importación de transgénicos destinados al consumo humano o al procesamiento de consumo humano, al igual que los empleados en la salud pública o la biorremediación (cuando hay plagas o contaminantes que ponen en peligro a especies animales, vegetales o acuícolas).
En el caso del maíz, en donde México es una de las naciones con mayor diversidad de especies, se estableció una limitación legal para evitar su degeneración, al igual que la de otros cultivos de origen mexicano, que fija "un régimen de protección especial", aunque no especifica cuál.
El dictamen también precisa la competencia de la Secretaría de Agricultura de México en la creación, desarrollo, importación y exportación de microorganismos modificados (hongos, bacterias, protozoarios, virus y viroides, entre otros), que tengan fines productivos agropecuarios, acuícolas y fitozoosanitarios.
En uno de artículos de la ley se establece la obligación de fortalecer la investigación en materia de bioseguridad, para obtener "conocimientos suficientes" que permitan evaluar los posibles riesgos de los OGM.
"El etiquetado de semillas o material vegetativo destinados a la siembra, cultivo y producción agrícola, quedará sujeto a las normas oficiales mexicanas y en él se especificará que se trata de OGM, las características de la combinación genética y sus implicaciones", cita el texto.
Durante la discusión del dictamen, miembros de la organización ecologista Greenpeace protestaron contra la aprobación de la ley de bioseguridad, por considerar que tendrá un impacto negativo en el medio ambiente y la salud, además de que causará una invasión de alimentos transgénicos en México.
"Esta ley asegura los intereses de una elite reducida en México y atenta contra miles de campesinos y sus cosechas, que son cultivos autóctonos -sin modificación genética-", dijo a EFE la portavoz de la organización en México, Cecilia Navarro.
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